Administrativo

  • Las afectaciones a la identidad y el territorio se derivan de la contaminación por mercurio, que este fenómeno atenta contra la salud y, en especial, de las mujeres y que las fuentes de agua, peces y personas, actualmente contaminados por este agente externo al territorio y la cultura, ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos.

  • Por medio de la cual se definen los parámetros y lineamientos de construcción sostenible, se adopta la guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones, se sustituye la Resolución número 0549 del 2015 y se dictan otras disposiciones.

  • El impuesto de industria y comercio (ICA) es deducible en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que exista relación de causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente.

  • la Administración Tributaria en los contratos de concesión, no puede reconocer efectos tributarios distintos a los que surgen de la titularidad del contrato mismo, puesto que la cesión de derechos económicos no retira al cedente como titular del contrato. Por lo tanto, éste mantiene las obligaciones fiscales.

  • El artículo 18 de la Ley 1955 de 2019, surtió efectos jurídicos desde su publicación hasta la declaratoria de inexequibilidad -a partir del año 2021-, lapso durante el cual se expidió la Resolución CREG - 241 del 31 de diciembre de 2020.

  • El artículo 779-1 del Estatuto Tributario no dispone que la concurrencia de la fuerza pública sea un requisito de validez de la diligencia de registro practicada por la autoridad tributaria, de tal modo que su presencia o ausencia no tiene ninguna incidencia en la legalidad de dicha actuación.

  • Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución 000162 del 31 de octubre de 2023.

  • La sentencia del 7 de marzo de 2024 (Exp. No. 25666) no tiene un efecto diferente o adicional a los que pudo desplegar la sentencia del 3 de noviembre de 2022 (Exp. No. 25406), toda vez que el Concepto DIAN No. 901294 del 19 de febrero de 2021 dejo de ser aplicable desde el 3 de noviembre de 2022, fecha en la cual fue declarado la nula la disposición que le servía de sustento.

  • Para el caso de los procedimientos de insolvencia de persona natural que se encontraren en curso al momento de la entrada en vigor de la Ley 2445 de 2025, ésta tiene efecto inmediato y, por lo tanto, las actuaciones subsiguientes deben seguir las reglas allí contenidas.

  • La prestación simultánea de servicios de Revisoría Fiscal y Auditoría Externa por parte de una misma firma o profesional en una misma entidad constituye una transgresión al Código de Ética del contador público, ya que vulnera los principios de independencia, objetividad y juicio profesional.

  • La Corte Constitucional decreta la suspensión de los efectos de la decisión proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que resolvió el conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, únicamente en lo referente al Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego y, en consecuencia, de las actuaciones administrativas que se encuentran en curso ante el Consejo Nacional Electoral contra el citado funcionario.

  • Por la cual se fortalece la lucha contra el maltrato animal y se actualiza el estatuto nacional de protección de los animales ley 84 de 1989-Ley Ángel.

  • Por la cual se promueve el desarrollo de alternativas tecnológicas en materia de seguridad, vigilancia privada e inspección de sustancias u objetos, se mejora el bienestar de los perros usados en estas actividades, y se dictan otras disposiciones.

  • La sanción por expedir documentos del sistema de facturación sin cumplir los requisitos establecidos no se restringe únicamente a la representación gráfica de dichos documentos.

  • Las indemnizaciones otorgadas a víctimas de violaciones de derechos humanos, reconocidas en decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, están sujetas a retención en la fuente cuando incluyen componentes de daño material (lucro cesante) y daño inmaterial, aplicando la tarifa correspondiente conforme al artículo 401-2 del Estatuto Tributario.

  • El requerimiento para declarar y/o corregir, como acto previo y obligatorio en el procedimiento de determinación oficial, es el acto administrativo que tiene la facultad de impedir la caducidad de la potestad fiscalizadora y sancionatoria de la UGPP, y no el requerimiento de información.

  • Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 45 y 46 de la Ley 2294 de 2023 en relación con la implementación de la política de catastro multipropósito en territorios y territorialidades indígenas, y se adiciona el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, las Secciones 1 al 9 al Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, las Sub secciones 1 al 7 a la Sección 5 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2, y las Sub secciones 1 al 2 a la Sección 7 del Capítulo 8 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, «Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de información Estadística».

  • La importación de armas y municiones realizadas por INDUMIL o en su representación, no causará el IVA, siempre que esté destina a la defensa nacional y de uso privativo de las Fuerzas Militares y la Policía, lo cual deberá certificarse a través del documento que expide el Ministerio de Defensa Nacional señalado en el artículo 1.3.1.9.1. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016.

  • La responsabilidad del contador público al emitir una certificación con efectos tributarios o legales, es relevante e implica la verificación de información en dichas materias y está regida en las normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio profesional, en especial la Ley 43 de 1990 y las Normas de Aseguramiento de la Información (DUR 2420 de 2015) y, de no hacerlo, se podría exponer a una serie de sanciones civiles, penales, administrativas y disciplinarias.

  • Para que una acción de desestimación prospere, el demandante debe acreditar, conméritos suficientes, que se han excedido los fines para los cuales fueron creadas las formas asociativas, y dado que se trata de una medida excepcional, recae sobre el demandante una carga probatoria de gran exigencia.