Procesal

Los médicos tratantes y las EPS no pueden negarse a ordenar o autorizar consultas con especialistas, exámenes y procedimientos necesarios para retirar los biopolímeros, bajo el argumento de que son consecuencias secundarias de cirugías estéticas o que las pacientes deben asumir las consecuencias de someterse a estas cirugías.

Corte Constitucional amparó el debido proceso del presidente de la República y declaró que, en virtud de su fuero especial, le corresponde al Congreso investigarlo y eventualmente sancionarlo por las presuntas irregularidades en la financiación de las campañas a la presidencia.

Corte Constitucional declaró inexequibles, con efectos diferidos al 21 de junio de 2027, las facultades sancionatorias y cautelares del Superintendente del Subsidio Familiar, establecidas en los numerales 20, 22 y 23 del artículo 7 del Decreto Ley 2150 de 1992, por desconocer los principios de reserva de ley y legalidad y, en consecuencia, del debido proceso.

Por la cual se modifica el artículo 687 del Código Civil, se incluye el numeral 17 al artículo 594 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso, se incorporan los animales domésticos de compañía y de soporte emocional y se declara su inembargabilidad.

Previo a la realización del trabajo en el que perdió la vida el trabajador, éste y sus demás compañeros de trabajo sí habían sido capacitados acerca de variedad de temas relacionados con sus labores, entre ellas, los riesgos a que se veían abocados en razón a las mismas y la forma en que se debían abordar las mismas, dichas capacitaciones fueron constantes.

Cuando la enajenación de un bien hace parte del giro ordinario de los negocios del contribuyente, la utilidad que percibe por su venta se debe tratar como renta ordinaria del ejercicio sin consideración al tiempo de posesión del bien.

La declaratoria de la excepción de interposición de demanda del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario procede aunque la demostración sobre la presentación de la demanda se haya acreditado en sede judicial y no en la actuación administrativa.

Cuando conductas presuntamente constitutivas de acoso sexual son puestas en conocimiento del empleador, este debe actuar de manera diligente y responsable para investigar los hechos y, si hay lugar, aplicar las sanciones correspondientes. Al haber omitido dichas obligaciones en el caso concreto, la compañía accionada vulneró los derechos sexuales y reproductivos de la accionante, puesto que no realizó acciones adecuadas para determinar si su libertad y autonomía sexuales fueron coartadas por parte de una persona que ejercía autoridad sobre ella en el ámbito laboral.

Se configura la evasión tributaria cuando la sociedad de comercialización internacional expide el certificado al proveedor pero no materializa las exportaciones que estaban a su cargo por las ventas exentas realizadas por el contribuyente del impuesto sobre las ventas.

En los contratos de la administración sometidos al derecho privado no es aplicable el procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento contenido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Consejo de Estado confirma decisión del IDRD sobre app y descarta responsabilidad en presunto daño por pérdida de interés público antes del plazo fijado.

Consejo de estado define la norma aplicable en materia de procesos de jurisdicción coactiva frente a tránsito legislativo de normas procedimentales.

Excluir de los procesos de selección laboral a las mujeres en estado de gestación, sin que se adviertan razones objetivas relacionadas con la aptitud de la aspirante para desarrollar el cargo, implica la transgresión de los derechos fundamentales a la igualdad y a la dignidad humana.

Constituye ganancia ocasional la utilidad derivada de la enajenación de bienes que tengan la connotación de activos fijos para el contribuyente y hayan sido poseídos por un término igual o superior a dos años.

El término supletivo de cuatro meses establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 aplica cuando no se estipula un plazo para la liquidación bilateral del contrato y que la solicitud de conciliación prejudicial presentada por una entidad pública, aunque no sea obligatoria, suspende el término de caducidad.

Si bien, la habitualidad no es un criterio concluyente para definir el carácter salarial de un pago, si se demuestra que fue periódico y permanente, el empleador debe acreditar que no retribuyó directamente el servicio, pese a que se hubiera pactado su desalarización.

Entre el procedimiento sancionatorio y el de determinación existe un vínculo jurídico, pues el monto a reintegrar con los intereses moratorios incrementados depende del saldo a favor que determine la autoridad fiscal o la jurisdicción mediante sentencia, conforme con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 670 del Estatuto Tributario.

El accionante cumple con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los tres años previos a la estructuración de su invalidez, lo que le otorga el derecho a la pensión.

No se podrá disfrutar de una pensión por retiro programado si el capital ahorrado más el bono pensional, si es del caso, únicamente alcance para una pensión inferior a la mínima y el afiliado no tenga acceso a la garantía estatal de pensión mínima.

La importadora, al aceptar que conoció el contenido de la liquidación oficial de revisión el 29 de enero de 2021, se notificó por conducta concluyente, lo que le imponía el deber de ejercer el recurso de reconsideración, que es obligatorio para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin que la interposición por un tercero sirva para acreditar el cumplimiento del requisito previo para demandar.